Entornos del «ciudadanato» en Yucatán, 1750-1906

El término moderno de ciudadanía, en su acepción que alude a un colectivo nacional con plenos derechos civiles y políticos, puede entorpecer la observación de la construcción histórica de una comunidad política de iguales. En el paradigmático proceso de reconstrucción del Estado español, los diputados reunidos en Cortes Extraordinarias distinguieron la ciudadanía civil como el conjunto de hombres libres nacidos en dichos territorios, a quienes les correspondían los derechos de protección de la ley, seguridad de su persona y a la propiedad. Sin embargo, la ciudadanía política o derechos políticos activos y pasivos, de votar y ser votado, no sería un derecho anejo a la ciudadanía civil. El derecho a representar a la nación y ejercer la soberanía era una concesión política otorgado por decisión del propio Poder Legislativo.

El diputado Felipe Aner d'Esteve declaró que «el derecho de representar es distinto del derecho de ser representado. El primero es un derecho político anexo a los ciudadanos, y el segundo un derecho civil que deben disfrutar todos los españoles». De manera que, a pesar de no participar todos en las votaciones, todos podían considerarse representados, como ocurrió con las castas negras, mujeres y los menores de edad. Al colectivo de varones que gozaban de plenos derechos políticos Aner lo designó como ciudadanato. Este «ciudadanato» permite observar los entornos colectivos con derechos formulados y delimitados tanto por el Poder Legislativo como por las prácticas de la cultura política y la administración, a fin de analizar la retroalimentación del sistema con su entorno, conformado por sectores de la ciudadanía civil: afromestizos, mujeres, jóvenes e indígenas. El «ciudadanato» muestra el inicio del desequilibrio entre la ciudadanía no negra del régimen doceañista y las asimetrías de las relaciones entre los géneros y grupos étnicos del régimen político.